La captura criminal del Estado y la inminente crisis institucional.

Por Luis Mack. IIPS – USAC

Para nadie es un secreto que vivimos días aciagos, en los que la indignación, la duda y la incertidumbre parece que se instalaron de forma generalizada en el ánimo de los guatemaltecos, especialmente con los múltiples llamados a la conciencia de los ciudadanos para acudir el fin de semana para exigir la renuncia de los más altos funcionarios del gobierno, el actual mandatario Otto Pérez Molina y la segunda al mando, la Vicepresidenta Roxana Baldetti.

El trasfondo inmediato es la captura de la red criminal articulada en torno a la SAT para defraudar los ingresos del Estado por medio de la cooptación de las aduanas; sin embargo, existen muchos y muy profundos indicios de que ésta es la más evidente de una serie de señales de decadencia y crisis:

• La sistemática y generalizada debilidad de la institucionalidad del país, algo que ha calado tan profundamente que pocos guatemaltecos defenderían el sistema si éste se desmoronara, tal como lo demuestra la encuesta del Barómetro de las Américas, de la Universidad de Vanderbilt, ya que nos coloca en la categoría de «Democracia en Riesgo»,  ocupando el último lugar de Latino América.
• El «secuestro» de nuestra democracia, debido a las inercias institucionales que padece nuestra actual legislación electoral.
• La galopante corrupción y la tan arraigada impunidad en Guatemala, la cual ha ido transformando la cultura de nuestra sociedad para convertir al ciudadano guatemalteco en un cliente regular de las estructuras paralelas del sistema (Clientelismo y familismo amoral)
• La permeable legislación guatemalteca, tan llena de vacíos, contradicciones y una maraña de leyes obsoletas o que no pueden aplicarse por una variedad de detalles técnicos, lo cual produce no pocos fallos contradictorios que solamente benefician a las estructuras temporales que se aglutinan alrededor de la silla presidencial. (Anomia regulada)
• El crecimiento desmedido de uno de los más grandes poderes políticos y económicos del continente, el crimen organizado, aglutinado en torno al narcotráfico, la trata de personas y el contrabando.
• Las muy variadas voces que ya hablan insistentemente de la necesidad de reformar e incluso, refundar la institucionalidad del país, aunque este consenso no exime del hecho de que no hay claridad sobre el camino a seguir ni la profundidad de lo que hay que reformar, por lo que éstos conceptos desatan las más variadas y acaloradas discusiones que auguran esta opción como muy larga, muy incierta y muy peligrosa, debido al grado de cooptación política que exhibe el sistema.

El resultado, ya muy predecible desde hace varios años, era que el rumbo del país se dirigía aceleradamente a una inminente crisis, tal como se planteó en diciembre del 2012:

«La Guatemala de hoy vive días muy complejos y difíciles, que hacen predecir un año 2013 muy inestable y potencialmente peligroso para las aspiraciones de la mayoría de la población: contrario a los deseos manifiestos del Presidente Otto Perez en su discurso de toma de posesión el 14 de enero del presente año, lejos de consolidarse la paz y la concordia, se ha ido profundizando lenta, pero perceptiblemente, las condiciones de polarización y violencia que prevalecían en la época de la guerra interna. Se  pronostica, por lo tanto, que tarde o temprano tales condiciones van a provocar una crisis institucional muy profunda. Lo peor es que no contribuye a la tranquilidad la tendencia a que todos los conflictos se están judicializando, provocando un debilitamiento aún más pronunciado de las ya de por si desprestigiadas Instituciones encargadas de la Justicia. El problema fundamental para Guatemala es que a nadie le importa usar sus influencias y colocar allegados en puestos clave para después obtener ganancias ilícitas, promover proyectos políticos que sólo van a beneficiar a unos pocos, e incluso, manipular la elección de Jueces y Magistrados para permitir fallos judiciales de acuerdo con sus propios intereses». (¿Al borde del abismo?)

La actual crisis institucional, a la luz de este contexto histórico, nos permite visualizar una oportunidad de oro para forzar a una «crisis controlada», que evite un descalabro completo y una ruptura institucional del sistema, de manera que, obligados por las circunstancias, los actores antagónicos del país, finalmente encuentren una forma de superar sus diferencias. El elemento clave en ese sentido es encaminar los esfuerzos colectivos para reconstruir, de forma lenta, pero segura, la caótica maraña de leyes, de forma que se reduzcan los enormes grados de discrecionalidad pública. Solamente en esta ruta, se empezaría a blindar a las instituciones del país para que no sean presa de intereses coyunturales y arreglos temporales de corto plazo.

Cualquier otra solución de menor alcance, solamente será un paliativo que permitirá superar esta crisis puntual, pero que probablemente no evitará la próxima gran crisis, no importa que ésta tarde una o dos décadas más.